Aliber LopezEditorial

OPTICA POLITICA

Por Aliber López

“Injustificados los lloriqueos por aumentos salariales”

“De 1952 a 1976 los aumentos fueron del 550 %”

“De 1977 a 2018 se devaluaron más del 70 %”

“En la elección de junio nos suicidamos o seguimos mejorando”

A propósito de los aumentos a los  salarios mínimos, y de los lloriqueos y estrategias para escamotearlos, no solo de los empresarios, sino también de líderes que, como Juan Villafuerte Morales, Jesús Mendoza Reyes y otros, alegan que aumentar el 15 % a los salarios a todos los trabajadores, pone en peligro a las empresas que generan empleos, quisiéramos compartirles un poco de información que aparece en un articulo que ayer leímos en el periódico “La Jornada”, titulado, “El Aumento Real al Salario Mínimo no es Inflacionario”, de Carlos Imaz Gispert. Algunos de los datos interesantes que encontramos en el artículo, los entresacamos del texto para citarlos aquí. 

Resulta que de 1952 a 1976 el “Salario Mínimo” aumentó en términos reales, 6.5 veces (550%), con una inflación controlada de menos de un digito,  hasta alcanzar un reparto del PIB (Producto Interno Bruto) entre capital y trabajo de 60 % y 40 %, respectivamente, mientras que de 1977 a 1982 hubo un deterioro  salarial del 30 % y que entre 1982-88, la inflación superó los 3 mil 700 %, disminuyéndose la capacidad de compra de los salarios, violentándose criminalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hoy cumple 104 años de promulgada y que en su Articulo 123, inciso 6, dice: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

De pilón podemos agregar que esa política salarial donde los liderazgos nacionales de empresarios, sindicatos charros y Gobierno, se coludían, siguieron manteniéndose desde 1988 hasta el 2018 casi todos los años, con algunas excepciones; en cuanto al reparto de la riqueza, de las cifras de 60-40 % del PIB, se llegó al 73-27%, es decir del 100 % de la riqueza generada, menos del 30 % se repartía entre la gran mayoría de la población. Como prueba de esa gran diferencia en el reparto de la riqueza social de nuestro país, 4 mexicanos multimillonarios poseen el 50 %, mientras que, inferimos, el otro 50 % se reparte entre más de 125 millones de personas.  Otro dato importante que se cita en el mencionado artículo de Carlos Imaz, es el de que la mayoría de los países del OCDE el reparto de su PIB es superior a 50 % para el trabajo y el resto para el capital.

Por eso decimos a los líderes laborales de Matamoros, que, si los obreros de la localidad no han recuperado los niveles salariales de hace 4 décadas, tienen todo el derecho a luchar por mejorarlos y su lucha es constitucional y justa, no es ilegal como lo afirman algunos líderes y algunos comentaristas radiofónicos que magnifican sus tesis. Para recuperar lo que ganaban los “mínimos” en 1976, habría que elevar los salarios actuales con el 163% más, dice Imaz. Por otra parte, uno de los esfuerzos que está realizando el gobierno que encabeza Andrés Manuel Lopez Obrador, es el de mejorar sensiblemente los ingresos de los que menos ganan, por eso en esta frontera, el salario ha aumentado el 135 %, mientras que, en el resto del país, alrededor del 51%. Además, los legisladores de la Coalición que encabeza MORENA, anuncian que lucharán por hacer constitucional que los aumentos salariales sean siempre superiores a los procesos. inflacionarios.

Por eso no está de más afirmar que en la elección del 6 de junio, votar por los partidos políticos que en 40 años impulsaron políticas depredadoras de los Salarios Mínimos de manera criminal, empobreciendo a millones de mexicanos, seria un suicidio. Dura tarea para las candidatas y candidatos del PRI, el PAN y el PRD, que en su propaganda están descalificando a quienes impulsan los aumentos salariales, convierten en ley el apoyo a los Adultos Mayores, otorgan becas a todos los estudiantes de Bachillerato y otros niveles educativos, y a los que garantizan el derecho a la salud y a la educación, gratuitas, defienden las empresas nacionales y castigan severamente los actos de corrupción.

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