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Magisterio exige cárcel a Ulises Ruiz

Contacto/Agencias

OAXACA, Oax., junio 14 (EL UNIVERSAL).- A 15 años del desalojo violento del zócalo de la ciudad de Oaxaca, en donde se mantenían en plantón el magisterio, acto con el que dio inicio el conflicto político-social que vivió Oaxaca durante 2006 y 2007, integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon este día para exigir fin a la impunidad.

La marcha representativa, que salió de la fuente de las 8 regiones con dirección al zócalo de la capital, es la segunda movilización convocada por el magisterio tras un año sin actos masivamente a causa de la pandemia de Covid-19.

Acompañados de pancartas y consignas donde se exige castigo para al menos 17 exfuncionarios públicos, principalmente para el exgobernador del PRI, Ulises Ruiz Ortiz, y a los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, los docentes recordaron que la represión que ejerció el entonces gobierno del estado en contra del movimiento magisterial fue la génesis para el nacimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

«Ante esta represión se sumaron luchadores sociales y nace la APPO, aglutinando a los pueblos, comunidades, barrios y organizaciones sociales en una sola voz» señalaban durante la marcha de hoy los docentes, quienes portaban mensajes como «¡Exigimos cárcel a los asesinos!», «¡14 de junio no olvida!» y «¡15 años de impunidad, 2006-2021!».

El 14 de junio de 2006, durante el sexenio del priista Ulises Ruiz Ortiz, 770 elementos de la Policía Preventiva del Estado desalojaron con violencia a los sindicalizados quienes cumplían 23 días de plantón en el zócalo, en exigencia al gobierno de la atención a sus demandas laborales.

El operativo policial comenzó a las 4:00 de la mañana y terminó a alrededor de las 8:00 de la mañana de ese día.

Este desalojo derivó en un conflicto social y político que se extendió hasta 2007 y durante ese período se suscitaron una serie de enfrentamientos entre el magisterio, organizaciones sociales y población en general con la Policía Preventiva del Estado y la Policía Federal.

El uso de la fuerza pública ese 14 de junio escaló en violencia y sumió a Oaxaca en un movimiento político-social que alcanzaría su punto álgido el 25 de noviembre, cuando se registraron enfrentamientos entre el magisterio, organizaciones sociales y las policías Estatal y Federal; operativos ordenados por el entonces presidente panista Vicente Fox.

Durante esos seis meses de protestas y barricadas, y todavía en 2007, se registraron 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 381 lesionados, 248 casos de tortura documentados y la desaparición forzada de dos personas, según la denuncia presentada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, apenas en abril de 2019.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó robos y daños a vehículos particulares, empresas y a inmuebles públicos y privados. La situación generó desempleo, así como afectaciones al comercio, al turismo y un desplome de la inversión.

Son por estos crímenes que el magisterio de Oaxaca mantiene su exigencia de justicia y de castigo con cárcel a los responsables.

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