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Investigan a diputado federal por enriquecimiento ilícito

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Fincas, complejos habitacionales, departamentos y predios en zonas exclusivas o de reserva ecológica son algunos de los terrenos que presuntamente durante tres años adquirió el exdelegado en Coyoacán y actual diputado federal del PT, Mauricio Toledo.

La indagatoria apunta a que el valor estimado de lo comprado por el legislador es superior a los 50 millones de pesos. Sólo una de sus fincas, ubicada en Tlalpan, está valuada en 10 millones.

La investigación se extendió al primer círculo de Toledo —su papá y uno de sus hermanos—, así como a un prestanombres y a dos empresas inmobiliarias.

Por este hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) anunció que ayer entregó, de manera oficial, la solicitud de procedencia de desafuero del diputado, pues sobre él  pesa una investigación por enriquecimiento ilícito.

De momento, los gastos ejercidos durante los últimos tres años no empatan con los sueldos que tuvo como delegado en Coyoacán ni como diputado.

 En su defensa, el legislador del Partido del Trabajo (PT) negó “categóricamente” las acusaciones en su contra y agradeció el respaldo de su bancada.

“Espero que los instrumentos de gobierno no sean utilizados para realizar una persecución política y confío en el debido proceso”, puntualizó.

A la defensa del ex delegado en Coyoacán se sumó  la bancada del PT en  San Lázaro, a través del vicecoordinador, Gerardo Fernández Noroña, quien pidió que se investigue el caso; sin embargo, consideró que es claro que la indagatoria se trata de una persecución política.

“Hasta que el diputado Toledo se decantó por participar en el PT. No hay ningún priista ni panista. Ahora se plantea este tema”, y adelantó que presentará una iniciativa para someter a juicio político a los consejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, por considerar que están aprovechando sus atribuciones a favor de la oposición.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que hay solidez en el caso, ya que tiene certeza de las acciones de la fiscal Ernestina Godoy. “En su momento, se solicitó información a la Contraloría [General de la Ciudad de México], el enriquecimiento ilícito está dado por inmuebles y cuentas que no se justifican.

“El primer paso es solicitar el desafuero, y la continuidad de la propia fiscalía para la orden de aprehensión,  en caso  de que lo otorgue el Tribunal Superior de Justicia”, dijo.

Señaló que hay investigaciones contra ex funcionarios públicos de la pasada administración, así como en el tema de la reconstrucción tras el sismo de 2017.

Al ser cuestionada sobre los actos violentos en la campaña electoral de 2018, donde Toledo fue señalado como uno de los responsables, Sheinbaum sólo dijo que este año estará garantizada la paz en la Ciudad.

Investigación robusta.   El Ministerio Público cuenta con las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad penal de Toledo, explicó Godoy.

Consta en el expediente del caso que, desde el 4 de septiembre de 2020, el fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación contra del exjefe delegacional en Coyoacán, en la cual se acreditó que   cuenta con inmuebles cuyo valor excede a los ingresos como servidor público.

La investigación incluye el análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por el servidor público referido, de 2006 a la fecha, además de información registral y notarial de diversos inmuebles proporcionada por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y dictámenes periciales que determinan el valor mercado en la fecha de adquisición de diversos inmuebles, entre otros.

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