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Diputados del PAN proponen investigar a Delfina Gómez por cohecho

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Los diputados Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), interpondrán este jueves un punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y mexiquenses a investigar a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, «por los hechos evidenciados por el Instituto Nacional Electoral (INE) que pueden constituir faltas administrativas graves de cohecho y, de encontrarlas afirmativas, sancionarlas».

La proposición con punto de acuerdo por publicada este jueves en la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados, solicita a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que realicen la indagatoria, debido a que el pasado 3 de septiembre, el Consejo General del INE sancionó al Partido del Trabajo (PT) y a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con casi 120 millones de pesos y cuatro millones 529 mil pesos, respectivamente, por la acreditación de esquemas irregulares de financiamiento.

«La actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez ejerció como presidenta municipal de Texcoco, Estado de México, de 2013 a 2015, puesto del cual solicitó licencia para postularse como candidata a diputada federal por el partido Morena. El INE señaló que, durante esta gestión, Delfina Gómez llevó a cabo un sistema de financiamiento paralelo, que dio como resultado el beneficio al partido Morena por dos millones 114 mil 612.5 pesos, los cuales no fueron reportados», denunciaron.

Los albiazules recordaron que lo anterior deriva de una queja presentada por el PAN, en la cual denunció que se aplicaban descuentos vía nómina a empleados del municipio de Texcoco y del DIF municipal, recursos que eran entregados a Sara Iveth Rosas Rosas y María Victoria Anaya Campos, ambas empleadas cercanas a la entonces presidenta municipal y con puestos de confianza. El dinero descontado era bajo el rubro de «Grupo de Acción Política» a 550 empleados, reteniéndoles hasta 10 por ciento de su sueldo o depositados mediante cheques, los cuales ascendieron a más 13 millones de pesos.

Además de la sanción impuesta por el INE, se dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por posibles delitos electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

«Resulta importante señalar que, al fungir como presidenta municipal de Texcoco, Estado de México, ostentaba el cargo de servidora pública, por lo que su responsabilidad administrativa era imperativa. Bajo este rubro de legalidad, la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla, como una falta administrativa grave, el servidor público que exija por sí o a través de terceros, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración consistente en dinero o donaciones», puntualizaron.

Finalmente, señalaron que de acuerdo con el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las sanciones a los servidores públicos por faltas graves consistirán en suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

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