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Corte Suprema de EU ordena reinstalar Quédate en México

WASHINGTON, EU (EL UNIVERSAL).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos obligó a la administración de Joe Biden a reinstaurar el polémico programa MPP/Quédate en México, uno de los pilares de la política antiinmigrante del gobierno de Donald Trump que consistía en obligar a los solicitantes de asilo a esperar su turno en el sistema judicial de EU en campamentos insalubres e inseguros en la parte mexicana de la frontera.

El Alto Tribunal justificó que el gobierno de EU actuó de forma «arbitraria y caprichosa» al rescindir esta política migratoria, el mismo argumento que el año pasado sirvió al Supremo para que Trump no fulminara el programa DACA que protege de la deportación a jóvenes indocumentados llegados al país en la infancia, los conocidos «soñadores» o dreamers.

Los tres letrados del ala progresista —Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan— expusieron explícitamente su disconformidad con la opinión expresada por la corte, dejando entrever que la decisión del tribunal estuvo dividida ideológicamente.

El caso lo iniciaron estados republicanos como Texas y Missouri, que denunciaron que la eliminación de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) significaba una carga para los contribuyentes, ya que permitía a los indocumentados que esperaban la resolución de sus solicitudes de asilo durante meses estar en EU. Un juez nominado por Trump les dio la razón: el Supremo, en su decisión de este martes, rechazó bloquear la decisión y obliga al gobierno de Biden a reinstaurar el programa mientras el caso sigue su proceso judicial en un tribunal de apelaciones.

Este hecho hace revivir una de las políticas más agresivas e icónicas de la administración Trump, que pudo llevar a cabo en parte por la connivencia del gobierno de México, que aceptó ese programa ante una posible represalia en forma de aranceles.

Desde su implementación, a principios de 2019, más de 71 mil personas fueron víctimas del MPP (entre ellos más de 16 mil menores y cerca de 500 bebés); según Human Rights First, se detectaron al menos mil 544 casos de asesinato, violación, tortura, secuestro o algún tipo de violencia. Durante la campaña electoral, Biden prometió acabar con el MPP. Apenas iniciar su gobierno, se deshizo de las políticas y acciones más controvertidas en temas migratorios de su antecesor, entre ellas Quédate en México: lo suspendió en enero y lo terminó de finiquitar en junio. Ahora se enfrenta al reto de tener que volver a implementarlo.

Al día de hoy, sin embargo, la situación de los migrantes que quieren entrar a EU no es mucho más favorable. La Patrulla Fronteriza está realizando aprehensiones de indocumentados en niveles y cifras nunca vistos en décadas, y el gobierno estadounidense está expulsando en caliente a la gran mayoría de migrantes (a excepción de menores de edad no acompañados) que quieren cruzar bajo la premisa del estado de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.

La reinstauración del MPP se plantea como un reto para EU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió la noche de este martes mismo un comunicado señalando su «desacuerdo» con la decisión de la Corte y advirtiendo que seguirá apelando, pero indicó que en tanto cumplirá «con la orden de buena fe». Informó, como ya habían adelantado algunos medios, que «junto con socios de otras agencias, el DHS ha empezado a trabajar con el gobierno de México en discusiones diplomáticas relacionadas con el MPP». Insistió en que el compromiso es «construir un sistema migratorio seguro, ordenado y humano que esté a la altura de nuestras leyes y valores».

Las organizaciones proinmigrantes mostraron su rechazo a la decisión. Decenas de organizaciones proinmigrantes hicieron un llamado al gobierno de México a «rechazar la reinstauración» del MPP, una política «inhumana que exacerbaría las condiciones peligrosas e inseguras para aquellos que buscan asilo en la frontera entre EU y México.

«La administración Biden hizo lo correcto rescindiendo la política Quédate en México de Trump, cuyo punto central era castigar a gente por buscar asilo atrapándoles en condiciones miserables y peligrosas», dijo en un comunicado Omar Jadwat, director del programa de derechos de los migrantes de la American Civil Liberties Union (ACLU). «El gobierno debe tomar todos los pasos posibles para terminar totalmente este programa ilegal (…) Lo que no debe hacer es usar esta decisión como cobertura para abandonar su compromiso de restaurar un sistema de asilo justo», añadió.

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