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EU rechazará a migrantes que sean “una carga pública”

WASHINGTON, EU .- El gobierno de Estados Unidos demostró  que su animadversión no se centra sólo en los indocumentados: también quiere restringir la migración legal.

Hace tiempo que Trump reclama un cambio en el sistema migratorio hacia un modelo que denomina «meritocrático» pero que, en realidad, es un producto clasista y, de facto, racial. Su gobierno oficializó este lunes una nueva normativa que hará que a aquellos inmigrantes legales que sean considerados una «carga pública» se les denieguen visados y permisos de residencia permanentes en el país (las conocidas green cards). Se empezará a aplicar, según lo previsto, el 15 de octubre.

«A través de la norma de carga pública, la administración Trump está reforzando el ideal de autosuficiencia y la responsabilidad personal, asegurándose que los migrantes sean capaces de sostenerse por ellos mismos y tener éxito en Estados Unidos», dijo el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración  (USCIS, por sus siglas en inglés), el antiinmigrante Ken Cuccinelli.

Entre los beneficios y fondos públicos que dificultarán la obtención de los permisos de residencia están el sistema de salud (Medicaid), los cupones para alimentos y las ayudas para vivienda, entre otros. Desde el pasado otoño, cuando la medida empezó a tomar forma, muchos migrantes dejaron de usarlos por miedo a que pudiera afectar a sus permisos de residencia.

La  normativa aplica a migrantes que están legalmente en Estados Unidos o que buscan llegar legalmente y que reciban uno o más beneficios públicos del gobierno  durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses. No afecta a refugiados o asilados ni a indocumentados.

La medida se une al deseo de que cobre mucha importancia el conocimiento de inglés, el historial académico y profesional y los recursos económicos para poder migrar a EU.

La administración Trump prosigue con su intento descarado de transformar el sistema migratorio  en uno basado más en méritos y cláusulas que en lazos familiares. Un sistema que favorece a migrantes de raza blanca y altos recursos.

«Es una medida sobre raza y etnia, un examen de riqueza racial a las familias migrantes que envía el mensaje de que si no eres blanco y rico, no eres bienvenido a este país», dijo Pili Tobar, subdirectora de la organización promigrante America’s Voice.

Grupos de derechos civiles anunciaron que llevarán la medida ante los tribunales. «Es un pilar de los intentos de la administración de redefinir nuestro sistema de inmigración legal con el objetivo de privar de derechos a las comunidades de color y favorecer a los ricos», dijo la directora del National Immigration Law Center, Marielena Hincapié.

«Su punto es la crueldad», añadió Tobar. «Queremos ver que la gente que venga al país sea autosuficiente», reviró Cucinelli, algo que en su opinión es el «núcleo principal del sueño americano».

La medida es un intento más de la administración por poner el  tema migratorio en el centro del debate político y mostrarse con mano dura ante todo tipo de extranjero que quiera entrar al país.

De hecho, hay duda de cuánto efecto real puede tener esta medida. Según el gobierno, podría afectar a unas 382 mil personas; según varios análisis, los inmigrantes que acceden a beneficios públicos como cupones de alimento son muy pocos en porcentaje, ya que por su propio estatus migratorio no tienen acceso.

Las asociaciones temen que la nueva propuesta inocule temor entre los migrantes y los desanime en la petición de ayudas, lo que les pondrá en situaciones más precarias.

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