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Entra en vigor la llamada “ley garrote”

Considera la oposición que criminaliza la protesta social y es una traición a los movimientos sociales

CIUDAD DE MÉXICO   El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (Morena), ordenó la publicación en el Periódico Oficial del estado de la reforma al Código Penal, donde se establece una pena de hasta 20 años de prisión para quienes extorsionen a empresas públicas o privadas y obstaculicen las obras, por lo que este jueves entrará en vigor.

En entrevista, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, confirmó que en el portal oficial de la dependencia que encabeza fue publicada la modificación al Código Penal de Tabasco, por lo que en lo inmediato entrará en funciones.

«Ya fue publicado, entrará en vigor mañana [hoy]. Estamos listos para responder por los cauces legales a quien considere que se ha violado un derecho», indicó.

Por su parte, en la Ciudad de México, las fuerzas políticas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión señalaron que la llamada «ley garrote», criminaliza la protesta social y es una traición a los movimientos sociales. Estos señalamientos los emitieron miembros del PAN, PRI, MC y PRD; al rechazo se sumó el PES, que se reconoce como seguidor de la Cuarta Transformación.

La diputada María Rosete Sánchez (PES) dijo que su fuerza política «está en contra de este tipo de reformas que atentan contra los derechos humanos y generan violencia». Señaló que la reforma será «traición a la sociedad de Tabasco», en la línea de leyes «a modo contra el espíritu de la Cuarta Transformación».

Se refirió a protestas que fueron reprimidas en 1996, y que con esta ley se obliga a que quienes fueron víctimas en ese año ahora deban aceptar que cometieron un delito.

En tanto, senadores y diputados de Morena justificaron la modificación con señalamientos de que se castiga la extorsión en la realización de obras. «Estamos poniendo orden en casa. Hay desorden y corrupción en casi todos los ámbitos de la vida pública», indicó la diputada tabasqueña María de los Ángeles Huerta.

El senador Eduardo Ramírez (Morena) dijo que en este tema sigue garantizada la libertad de tránsito, «pero cuando alguien obstaculiza esa libertad y a cambio pide una cooperación, obtiene un lucro, ahí se configura este delito de extorsión».

Señaló que en Tabasco va a existir una fuerte derrama económica, derivada de la construcción de la refinería de Dos Bocas, y «habrá intereses oscuros que van a tratar de obstaculizarla».

Rechazó que se busque poner «penas severas contra la manifestación de ideas y de las marchas» y a quienes habían recordado que Andrés Manuel López Obrador, en su trayectoria bloqueó pozos petroleros e instaló un plantón en Paseo de la Reforma, respondió que la causa de esas protestas fueron fraudes electorales, no extorsiones.

Expulsión en el sol azteca. La aprobación de esta reforma confrontó a los diputados locales del PRD, toda vez que su coordinador parlamentario, Agustín Silva Vidal, la aprobó, razón por la cual el consejero estatal de este partido, Roberto Romero del Valle, ha solicitado al CEN del sol azteca su expulsión como militante.

Sin embargo, el mismo CEN, a través de un comunicado, descalificó a los legisladores Agustín Silva Vidal y Ricardo Fitz Mendoza por haber apoyado la reforma».

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