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Busca Morena inhibir finanzas del crimen

Quieren en breve la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio

CIUDAD DE MÉXICO .- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, insistió en que Morena buscará en breve la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio para «pegarle a la columna» financiera de la delincuencia organizada e inhibir los ilícitos cometidos por servidores públicos.

«Mientras no toquemos los pilares del financiamiento del crimen organizado (…) o de los ilícitos cometidos por servidores públicos, no estaremos actuando con eficacia», advirtió Monreal Ávila.

La aplicación de esa figura tendría mecanismos para procedimientos expeditos y sería, según el proyecto en estudio, imprescriptible para los bienes de origen ilícito, en tanto que para los bienes que hayan sido destinados para alguna actividad ilegal se propone una prescripción de 20 años.

El proyecto está en análisis de la Comisión de Justicia del Senado y se deriva de la reforma constitucional avalada por el Congreso de la Unión para recuperar activos relacionados con hechos de corrupción, delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito o robo de hidrocarburos, entre otros.

La propuesta prevé que haya una medida cautelar para que el juez, a petición del Ministerio Público, pueda ordenar el aseguramiento de bienes ante la amenaza o posibilidad de que éstos se oculten, alteren o dilapiden.

También se prevé la posibilidad de que el juzgador ordene la inmovilización provisional e inmediata de fondos, activos, cuentas e instrumentos financieros.

El senador explicó que se proyecta incluir otra figura mediante la cual se podrá solicitar la «anotación preventiva de la demanda» en el Registro Público de la Propiedad, como medida provisional para impedir que los bienes relacionados no queden fuera de la posibilidad de extinción de dominio.

Adicionalmente habrá la posibilidad de que el aseguramiento se decrete en cualquier momento, durante el juicio o antes de iniciarse. Otras provisiones que proyectan incluir los legisladores son el establecimiento de jueces especializados en primera instancia y magistrados competentes de segunda instancia, ante quienes se sustanciarán los procesos civiles.

De acuerdo con el legislador, se incluirán impedimentos para que jueces, magistrados, secretarios de acuerdo, actuarios o quien haga las funciones de éstos conozcan sobre un asunto, a fin de evitar conflictos de interés.

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